Contradicciones Energéticas: ¿El modelo prolijo?

Por Cr. Gustavo A. Calleja

El actual gobierno no ha definido aún su rumbo energético; declaraciones y resoluciones contradictorias así lo muestran. En términos “tinguitelianos”, un día está para el monolito y otro para la lápida.Tampoco lo ayudan los antecedentes, pues recordemos que el actual Presidente contribuyó con el avión de la Gobernación para enviar al entonces lesionado Diputado Rafael Flores, y obtener el quórum necesario para comenzar la sesión que culminó con la sanción de la Ley Nº 24.145, de Federalización del Subsuelo y Privatización de YPF. Posteriormente, celebró entusiastamente el ingreso de Repsol al país. Recordemos también que en enero de 2002, los senadores y diputados de Santa Cruz (al igual que los restantes de las provincias petroleras) votaron contra la aprobación de la actual Ley de Emergencias Pública Nº 25.561 que, entre otras cosas buenas consagró la imposición de derechos aduaneros sobre las exportaciones de hidrocarburos y sus derivados; anuló las indexaciones de tarifas en base a indicadores de EE.UU.; dispuso la revisión total de los contratos de servicios públicos derivados de las privatizaciones, actualmente en marcha. Además, congeló las tarifas, otorgó al Poder Ejecutivo la facultad de fijar precios máximos u oficiales, modificó la ley de Convertibilidad, derogando la paridad un peso, un dólar, y autorizando al BCRA a emitir moneda sin relación con el stock de reservas. No debemos olvidar que todos los gobernadores de las provincias petroleras encabezaron, conjuntamente con las petroleras, una “rebelión” en contra de la efectiva aplicación del derecho a las exportaciones mencionado.Asumido el poder, vemos con satisfacción las declaraciones presidenciales rechazando presiones de los grupos económicos y la firme voluntad del nuevo gobierno de revisar gran parte de los contratos de las privatizadas, al igual que la contratación de FLACSO y la digna conducta seguida ante los grupos económicos en la gira europea.También consideramos correcta la desautorización a las declaraciones pro-empresarias del Vicepresidente, así como la sanción de la Resolución Nº 240 de la Secretaría de Energía modificando –provisoriamente- el procedimiento de cálculo del precio del Mercado Mayorista Eléctrico, que provocó una sensible disminución del mismo y mostró el inicio del camino para terminar con las fabulosas superutilidades creadas desde 1992 a favor de los generadores, bajo el “cuento técnico” del precio marginal o último precio ofertado.Asimismo vemos con agrado la apertura del diálogo con sectores que tenían vedado el acceso a las secretarías y ministerios. La rebaja del precio del gas licuado, que beneficia a los sectores más desposeídos, constituye un hecho indiscutiblemente positivo, al igual que la firmísima actitud ante el extraño apagón de Edesur y la depuración de la Corte, que abre las puertas a la presentación de denuncias sobre grandes ilícitos energéticos del menemismo y el delarruísmo.En contraposición, podemos señalar los siguientes hechos como preocupantes: a) Las declaraciones de la senadora Kirchner aceptando las privatizaciones y rechazando cualquier tipo de reestatización, que implican que para el Gobierno es lo mismo la prestación de un servicio público que la administración estatal de los hidrocarburos. b) La excepción hecha por el Presidente con los dos empresarios petroleros más importantes, Blanco Balín de Repsol, que se hizo conocido en el Senado en la época de los senadores Cantarero y Melgarejo, y Oscar Vicente de Petrobras. c) La inmediata sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 311 (sin que existiera ninguna necesidad y menos una exigencia) otorgando a las provincias áreas petroleras no explotadas. Este otorgamiento implica la profundización de la política energética implementada y aplicada por Menem, Dromi, Cavallo, Manzano, De la Rúa, Machinea, etc... Y refleja todo lo contrario de las posiciones nacionales que distinguieron a Yrigoyen, Alvear, Mosconi, Perón, Canessa, Illia... d) La no inclusión en el Decreto de Revisión de los contratos petroleros derivados de los Decretos Desreguladores de 1989 y de la Ley Nº 24.145, e) La convalidación de un acuerdo con los precios de los combustibles líquidos, basado en la aceptación del concepto de las grandes petroleras de considerarlo un commodity, que deriva en la aplicación del precio internacional y no del costo interno. Además, el valor acordado de u$s 28,50 el barril convalida una ganancia fenomenal, pues el costo local es de, aproximadamente, u$s 5/barril, f) Las declaraciones tendientes a la sanción de una nueva Ley de Hidrocarburos que consolide la neoliberalización energética menemista y sirva de herramienta de blanqueo a los mayores ilícitos de la historia económica argentina, g) La actitud complaciente con los hechos emblemáticos de corrupción, tales como Yacyretá y Loma de la Lata, que no se compadecen con la decidida acción emprendida en el PAMI. La utilización de nuestro derecho constitucional de peticionar a las autoridades y el ejercicio de todos los que nos pertenecen como ciudadanos son elementos de los cuales debemos valernos para que el buen camino prevalezca sobre el malo. También debemos recordarle al gobierno que aquellas leyes que permitieron la depredación energética que padecemos son, sin duda, los instrumentos básicos en la creación de millones de compatriotas convertidos en desaparecidos sociales. Por consiguiente, no cabe ni la más mínima convalidación de sus disposiciones.