HACIA UNA POLITICA ENERGETICA NACIONAL

1.
El marco: el modelo económico neoliberal

Desde el inicio del plan de convertibilidad, en 1991, la deuda pública se duplicó y la privada se decuplicó, hasta alcanzar los 35.000 mil millones de dólares. Entre 1993 Y 1998 la deuda externa (suma de la deuda publica y la privada no financiera) pasó de 76.700 a 139.000 millones de dólares, y las previsiones para 1999 señalaban un nivel que oscilaba entre los 150 y 160 mil millones. En 1998 la deuda estatal representa el doble de los recursos tributarios de la Nación y los pagos por intereses un tercio de las reservas en oro y divisas del país y la mitad del déficit en cuenta corriente. En ese momento la elite Argentina tenia colocados en el exterior cerca de 130.000 millones de dólares.
Este resultado, puesto en términos financieros macroeconómicos, no corresponde a errores sino que es consecuencia del propio sistema en su variante neoliberal, impuesto a sangre y muerte por la dictadura militar, política económica que se prolonga desde entonces a través de los sucesivos gobiernos, donde Menem se lleva la cruel y miserable gloria de ser quien por encima de toda legalidad, impune hasta la fecha, más hizo por dilapidar el patrimonio material y cultural del pueblo argentino.
La Argentina pasa a ser, desde entonces, el único país en el mundo que, por decisión conjunta de los intereses de una minúscula minoría del poder económico local y los grupos multinacionales más concentrados, se suicida industrialmente hasta tal medida que el valor del producto bruto per capita industrial en 1974, con una población de 24 millones de habitantes, es aún un 30 % mas alto que el actual, 28 años después, siendo entonces más de 3.800.000 el número de trabajadores industriales. Actualmente, con una población de 37 millones, no se supera el millón ochocientos mil trabajadores.
Esto significo la desaparición de decenas de miles de fabricas y la destrucción del tejido productivo, que ha convertido al país en un exportador de productos primarios como a comienzos del siglo veinte, llevando la tasa de desocupación inferior al 5 % a más del 21 % y a una pérdida de la mitad del poder adquisitivo del salario. Conlleva la destrucción del mercado interno y el alcance de una cifra aterradora: la mitad de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza mientras que el 10 % más rico gana más de 170 veces de lo que recibe el 10% más pobre.
Una cantidad mayor de población consume menos de lo necesario y sufre hambre real en un país que produce alimentos para satisfacer a más de 300 millones, mientras una elite de privilegiados y especuladores coloca fondos en el exterior al mismo tiempo que la deuda externa aumenta a razón de intereses usurarios y confiscatorios a valores incompatibles con las obligaciones constitucionales de atender prioritariamente a las necesidades de la población en materia de salud, trabajo, educación, vivienda, cultura.
Las herramientas empleadas fueron y son impuestas por el FMI, el Banco Mundial, y el G7; así fue la desregulación total de la actividad económica, la privatización de las empresas de propiedad estatal, la desnacionalización de las empresas públicas, la apertura indiscriminada, la convertibidad, el achicamiento del Estado, el ajuste permanente, el déficit cero, el endeudamiento eterno,.
El presentado déficit fiscal, según el discurso neoliberal, obedecería básicamente al mal desempeño de las empresas públicas, atribuyendo el problema a la evasión impositiva y al mal manejo del Estado, por lo que la culpa sería de los empleados públicos, los jubilados y los malos ciudadanos, desde su condición de trabajadores de pequeñas y medianas empresas, comerciantes, trabajadores autónomos, monotributistas, etc., burlan al fisco provocando el déficit fiscal que soporta el país. Hay que aclarar aquí que las grandes empresas, especialmente las extranjeras, nunca fueron blanco de investigaciones por elusión de tributos. Es cierto que la cultura tributaria argentina es escasa, pero también es cierto que los pequeños empresarios y la mayoría de los trabajadores independientes, acorralados por la carencia o el elevado costo del crédito y también a veces por la contracción de los mercados. burlan al fisco como única forma de financiar sus actividades, mientras que los sectores de más altos ingresos, tienen una presión fiscal mucho menor. Además hay que aclarar que los argentinos destinan cada vez más impuestos al pago de los intereses de la deuda.
La perversa interacción entre endeudamiento, déficit fiscal y comercial se combinó con procesos de degradación que abarcaron el aparato estatal y al conjunto de la sociedad. El Estado redujo su dimensión y peso económico, quedando sometido a las manipulaciones del capital financiero internacional y a los grupos económicos concentrados locales; las privatizaciones se convirtieron en desnacionalizaciones ya que numerosas empresas locales pasaron a manos de capitales extranjeros. Hay que recordar que los representantes de fondos privados de inversión resumen sus exigencias para hacer negocios en la Argentina a la obtención de retornos anuales que superan el 30 %. Esto queda confirmado con los beneficios obtenidos por las empresas que hoy manejan los servicios públicos, o las grandes ganancias obtenidas por los grupos financieros a través de la pesificacion y medidas que convierte deuda privada en pública.
El ciudadano que paga comunicaciones telefónicas al doble de los precios internacionales, intereses usurarios por atrasos en sus tarjetas de crédito, insólitas comisiones a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, o es golpeado por las arbitrariedades de las empresas eléctricas u otras que cobran mucho e invierten poco o nada, quedó sometido a la lógica depredadora que solo puede ser ejecutada con la complicidad de los gobiernos.
Argentina se encuentra en una profunda recesión única en el mundo, aplastada por sus deudas, empobrecida y con su aparato productivo profundamente degradado. Si bien una parte de esta situación se debe a factores externos no podemos dejar de considerar el grado de intervención que han tenido las estructuras locales de poder. La transferencia de recursos fiscales, convergente con la desarticulación de la seguridad social, si bien fue presionada por el FMI, el Banco Mundial y grupos financieros internacionales, no es poco cierto que la decisión final fue de nuestro gobierno, con el apoyo por acción u omisión de los dirigentes de distintos sectores nacionales. Esta dinámica implica aceptar el esquema colonial y resignar nuestro poder de decisión o soberanía interior, con todo lo que ello implica en los niveles político, económico y social. La deuda externa se triplico, la mayor parte del patrimonio publico se ha vendido y desnacionalizado, las exportaciones siguen siendo productos primarios o con un mínimo valor agregado, pero tecnológicamente atrasadas. La estructura energética, educativa y sanitaria se han degradado profundamente. La clase política está deslegitimada y, por sobre todas las cosas, hay una profunda crisis de representatividad.
Lo anteriormente explicitado en apretada síntesis implica lisa y llanamente una nueva colonización, no necesitando para ello intervenciones militares, ni ocupación territorial como en la época del imperio anglosajón, sino que se realizan por las acciones de los organismos internacionales de crédito, el capital financiero global, los grupos locales concentrados, y la complicidad gubernamental.
Desde la óptica neoliberal no hay margen de maniobra para otro tipo de política; estamos frente a la idea del pensamiento único, hegemónico, pero hay que decir que hay otras alternativas. Él déficit fiscal podría reducirse mediante una acción enérgica contra la evasión de las grandes empresas y una reforma tributaria que aumente la carga a los sectores de altos ingresos. Hay que reimplantar las contribuciones patronales, recuperando los aportes de los asalariados para el sector público, evitando de esta manera la obscena transferencia de ingresos hacia las AFJP. Se necesita un sistema de contribuciones escalonadas prioritariamente diseccionadas hacia las grandes empresas, para que el incremento de las cargas patronales no afecte a las medianas y pequeñas empresas por ser las principales creadoras de empleo. También se debe reimplantar el salario universal de modo que aquellos que están por debajo de la línea de pobreza dejen de estarlo, estableciéndose una política activa de inclusión, y además permitiría que se logre autonomía en cuanto al gasto, de forma que dejen de ser presas de prácticas clientelísticas. El País debe recuperar su capacidad de intervención positiva estableciendo ventajas crediticias para las pymes, y se debe reducir la carga fiscal de los grupos de menores recursos mejorando su nivel salarial. Se trataría de un proceso de políticas activas para reactivar la demanda; con estas medidas de corto plazo hay que implementar políticas de largo plazo, y estratégicamente urgentes, como el desarrollo en manos del Estado de la energía, la educación pública, la salud y la vivienda económica. Todo lo anterior apunta a una justa redistribución del ingreso, la defensa de la producción local, y el mejoramiento de las finanzas publicas, diversificando también el comercio exterior con la incorporación tecnológica.
Propuestas de este tipo implican una reconstrucción del Estado y de la sociedad. Requiere redefinir el papel de las grandes firmas extranjeras, la especulación global de la economía, la anulación de contratos de concesión y la modificación de la situación jurídica actual de las empresas privatizadas, que hoy funcionan con beneficios obscenos. La falta de ideas, o mejor dicho la miseria de las mismas, aumenta el desapego de la ciudadanía por la clase política, produciendo la llamada crisis de representatividad y deslegitimación de la dirigencia, sea esta política, empresarial o sindical.

2.
El modelo energético alternativo:
La energía como derecho humano esencial
Los derechos humanos definidos como las libertades primarias (el derecho a la vida, los derechos políticos, en el sentido histórico del termino) son incompletos. Hay derechos irrenunciables, como el acceso al trabajo, a la cultura, a la información, a una vivienda digna, a un salario universal (para que ningún ciudadano quede por debajo de la línea de pobreza y a través del mismo tenga la suficiente autonomía para no caer en manos de políticas asistenciales falaces y mentirosas que lo arrojen en manos del asistencialismo político), a la educación, a la salud.
Todos estos derechos hoy se encuentran internalizados en cada uno de los ciudadanos de nuestro país; pero hay uno, el derecho a la energía, que ha sido dejado ex profeso de las mesa de discusión, como la propia energía nacional y que por eso no ha sido tomado como razón de Estado, siendo básico para poder dar cumplimiento a los otros derechos mencionados.
La energía es a la infraestructura básica de un país, como lo es la educación al desarrollo. El acceso a la energía permite que se cumplan otros derechos, como la prevención de la salud y la plena capacidad de aprendizaje. Sin energía no hay industria, sin industria no hay fuentes de trabajo, sin trabajo no hay dignidad, sin dignidad no hay justicia, y sin justicia solo hay impunidad.
Es necesario la formulación de un nuevo modelo de país, de una nueva estructura social, de nuevas metas nacionales y regionales que implique un contrapoder a la hegemonía imperial que permita a nuestros países liberarse de la voracidad del poder económico globalizado.
Hay que construir una nueva concepción de la unidad Latinoamérica, refundar el Mercosur sobre las bases de atender las necesidades de sus pueblos lo que haría crear un bloque económico y cultural sin precedentes, como paso hacia la integración bolivariana como forma de luchar por la plena independencia y el crecimiento de sus habitantes.
Esto es una condición básica y primordial para tener masa crítica para los cambios necesarios, en nuestro País y en la región, con el fin de impedir la repetición de intervenciones armadas y golpes de Estado instrumentadas por los países centrales. Es necesario precisar algunos requisitos que el sector energético y el Estado deben concretar, en el marco de la crisis por la que pasa nuestro País, y esos deben ser aquellos que privilegien el desarrollo de los intereses nacionales dentro de un contexto regional que beneficie a los países y no a los grupos económicos concentrados, que sean geográficamente equilibrados y socialmente equitativos.
Las políticas de Estado aplicadas por el actual gobierno benefician a los grupos económicos de siempre volviendo a producir una feroz transferencia de ingresos de los que menos tienen hacia los que más poseen, licuando las deudas de las empresas, para una nueva estatización de la deuda privada que caerá nuevamente sobre las espaldas del pueblo.


3.
Condiciones a cumplir para un desarrollo energético nacional

De las profundas crisis, como la que estamos viviendo, también surgen las grandes oportunidades, para lo cual hay que tener la suficiente movilidad y capacidad de acción para poder aprovecharlas. En nuestro sector energético, a través de numerosas organizaciones se está desarrollando a lo largo de todo el país, la tarea de concientizar a la sociedad sobre el tema energético enarbolando la bandera de la energía como derecho humano esencial, sin el cual no pueden existir otros derechos: La renta que hoy produce el sector es beneficio absoluto de los grupos económicos que la colocan en los centros financieros internacionales. Esta renta debe volver a la Nación para que el Estado la oriente a la producción industrial y agropecuaria, a las actividades de alta tecnología y valor agregado, y a la creación de nuevos puestos de trabajo.

La fragmentación operada a favor de las empresas en el campo energético convirtió al servicio público estratégico y sensible en una simple mercancía generadora de negocios de altísima rentabilidad. Este modelo no responde a la naturaleza física de los sistemas, ni a los requisitos de seguridad y de reservas, ni a un óptimo económico en la operación de los mismos. Se debe retomar la planificación centralizada, la que implicaría crearse una institución de alta calificación técnica y científica que revise y supere la situación actual del sector.
Lo anterior indica claramente que deben revitalizarse las instituciones de investigación y desarrollo de ciencia básica y aplicada, que fueron desactivadas por el neoliberalismo nativo, en particular las relacionadas con el sector energético: CNEA INCYTH, INTI, CONICET, el laboratorio de YPF, etc. Se deberán crear nuevos organismos para la protección del medio ambiente, el estudio del clima, la investigación, producción y puesta en operación de fuentes alternativas y, en general, para la utilización racional de la energía. La formación y capacitación de excelencia es prioritaria para el sector, debiendo ser ésta una actividad prioritaria del sector por sí o por convenios con centros tecnológicos de avanzada y universidades en todo el País.
La situación que se describe significa recuperar para el pueblo las palancas fundamentales para el desarrollo de la Nación y de cada una de sus provincias y regiones: como los recursos energéticos, la moneda, la banca oficial, las comunicaciones, el transporte. La energía deberá manejarse mediante un ente federal de planificación y regulación para que solvente los proyectos, emprendimientos y el equipamiento tecnológico del sector, y todo lo relacionado con la preservación ambiental.
Por lo anterior se sobreentiende que lo que sé esta describiendo es una estructura planificada del sistema energético, que rechaza la desregulación del mismo y los seudos sistemas regulatorios destinados al beneficio de las empresas concesionarias, lo que implica el abandono de la actividad en manos de monopolios y oligopolios, solo interesados en la maximización de sus ganancias.
En ente a crearse debe integrar a los sectores dinámicos de la sociedad y del Estado: las Universidades nacionales, los usuarios, los trabajadores representantes del comercio, la industria y el agro.
Hay que eliminar el concepto de “commodity” que se ha intentado introducir para los bienes energéticos, aplicado al conjunto de los recursos no renovables, susceptibles de exportación, y debe reimplantarse el uso conservativo de las fuentes primarias, reconociendo que por su carácter estratégico y escaso pertenece a varias generaciones de argentinos. La explotación de las mismas debe excluir los contratos de concesión, perimidos mundialmente hace mas de cincuenta años en el sector petrolífero.
Ello implica darle impulso a todo aquel emprendimiento energético que utilice recursos renovables, no solo mediante emprendimientos a nivel País sino integrándonos con otros países de la región a través de interconexiones y producciones conjuntas.
Vale a la altura de este desarrollo, a manera de ejemplo, detenernos un poco y hacer mención a la privatización más desastrosa, leonina y perjudicial para el pueblo, como fue la de YPF: desde que se privatizo Y.P.F su política empresaria consiste en, explorar poco, extraer mucho y exportar lo máximo posible, mas allá de lo que permite un manejo racional y prudente de un recurso natural no renovable y escaso. Argentina, tiene reservas comprobadas para 9 años, contra 14 de Brasil, 32 para Ecuador, 45 para México y 67 para Venezuela.

Estos son aspectos de privatización ruinosa del país, que compromete seriamente sus reservas y pone en cuestión todo el proceso privatizador.

A Argentina le cuesta producir un barril de petróleo en promedio alrededor de 3 dólares incluyendo los costos de exploración, que las empresas privatizadas no realizan haciendo uso de las inversiones anteriores. Sin embargo, la empresa vende en el mercado interno al precio internacional de 27 dólares (lo ha vendido a 35 dólares el barril), lo que impacta en el elevado precio de la nafta que el consumidor debe pagar como uno de los más altos del mundo. Los argentinos pagamos la nafta como si este país fuera importador de petróleo o de combustibles.

Como recurso natural no renovable es fundamental aplicar a la explotación petrolera un criterio de desarrollo nacional y de reparto equitativo entre las generaciones. No es justo que para obtener el mayor lucro posible tan rápido como se pueda, se deje a un país sin reservas y a las generaciones futuras sin recursos. No es posible que la renta del recurso nacional sea apropiada por las empresas concesionarias.

Es probable que nuestro país se quede sin petróleo en pocos años, no solo como efecto de una política absurda de gobierno sino para que, lo que es peor aún, para que Repsol obtenga más ganancias.

Es necesario y urgente, ya que existen fundamentos más que valederos, revisar y anular todos los contratos de privatización, con miras a que la sociedad rescate de las manos de estas empresas concesionarias que maximizan los beneficios inmediatos a costa del agotamiento de nuestras reservas. Siguen remiten enormes ganancias que transfieren a sus países de origen para sus colocaciones financieras sobre la base de la depredación de nuestros recursos naturales.

La creación de un ente federal ( Empresa Nacional de Energía) como el que mencionamos anteriormente, que hoy no existe, que incluya el ciclo de los hidrocarburos y las demás fuentes energéticas, resulta fundamental aún con la existencia de las empresas del Estado.

Estamos convencidos que si se investigara seriamente se explicitarán las conductas que incumplen leyes, lo que señalaría el carácter doloso de la privatizaciones energéticas.

La historia de la energía es la historia del hombre. El siglo xix fue el siglo del carbón, el xx y quizás el xxi sean los del petróleo. No por casualidad tres petroleras están entre las 10 empresas más grandes del mundo. En su momento la YPF estatal fue una de las 50 más grandes.

Al siglo 21 se lo ha definido como el siglo del conocimiento y de la creatividad. Estos recursos de la energía intelectual son las más preciadas ventajas relativas de un país, y si se combinan con otros, como la abundancia de alimentos y de recursos energéticos, visualizamos perspectivas potenciales de desarrollo que nuestro país tiene en la medida que tomemos conciencia, como parece indicar la irrupción bellamente caótica del pueblo ocupando las calles y diagramando asambleas populares donde se esta debatiendo los principios de una nueva sociedad que esperamos más democrática, más justa, más solidaria y más participativa.

En lo inmediato es posible construir nuevos espacios, que faciliten acciones más profundas sin poner limites a las posibilidades de grandes transformaciones futuras, como serán las nacionalizaciones de los recursos energéticos.


4.
Veinte propuestas dirigidas a un modelo energético alternativo

1.- Nacionalización de las fuentes de energía sobre la base que su dirección y control deben estar en manos del pueblo. Es decir que se establezca el control social en un sentido amplio para que se ejerza el control a través de la inserción de los trabajadores, de los consumidores, del parlamento nacional, de las jurisdicciones provinciales, de las universidades nacionales y otros organismos competentes del ámbito comunitario.


2.- Declaración de que los bienes energéticos son esenciales y estratégicos para la Nación argentina, y que las actividades petroleras, gasíferas y de energía eléctrica son servicios públicos.


3.- Intervención inmediata de todas las empresas privatizadas del sector energético.


4.- Prohibición de la remisión de las ganancias de las empresas energéticas al exterior y obligación de invertir en el país.


5.- Creación de un ente federal planificador e integrador de la energía nacional con participación activa de los sectores dinámicos de la sociedad.


6.- Anulación de la libre disponibilidad de los hidrocarburos.


7.- Anulación del beneficio especial que conservan las compañías petroleras y gasíferas en quedarse con el 70 % de las divisas de sus exportaciones.


8.- La gestión sobre las reservas, los volúmenes de producción y la formación de precios de comercialización corresponden al Estado nacional.


9.- No se privatizarán las centrales hidroeléctricas y las centrales nucleares aún en poder del Estado nacional.


10.- Finalizar con la dilapidación del gas natural que significan las exportaciones hacia el exterior, proyectadas o en ejecución. Accionar contra el sobre equipamiento de generación eléctrica sobre la base de turbinas de gas de ciclo combinado.


11.- Desarrollar una política de aprovechamiento de los recursos carboníferos en función de las nuevas tecnologías, debiendo los Estados nacional y provinciales retomar la conducción estratégica en esta actividad, repotenciando el desarrollo minero y garantizando el mercado nacional para la producción carbonífera con el fin de lograr un recurso armónico en la utilización de los recursos energéticos. Frente al manifiesto fracaso y retiro de las empresas privadas que negociaron con la privatización del carbón de Río Turbio, y antes que la Nación y la provincia de Santa Cruz se hagan cargo de todos los gastos de mantenimiento laboral, se debe exigir el pago del fracaso privatizador a dichas empresas concesionarias.


12.- Rechazar la tercerización que busca formar estructuras paralelas de servicios donde la variable de ajuste es el trabajador contratado con sueldos depreciados y bajo regímenes de otras actividades ajenas al sector energético.


13.- Prohibición del corte de los servicios esenciales (electricidad, agua, gas y servicios sanitarios) por falta de pago a causa de incapacidad de pago, teniendo en cuenta que en nuestro país viven mas de 18 millones de personas debajo de la línea de pobreza. Se deberá promover, planificar y desarrollar la infraestructura necesaria para que en el plazo más breve posible toda la población tenga acceso a los servicios esenciales. Se establecerá la TIS (Tarifa de interés social) en los servicios públicos esenciales y se fomentará el cooperativismo en la distribución de los bienes energéticos.


14.- Las tarifas deben estar en correspondencia con los costos internos y no con los precios internacionales, y permitirán las condiciones de reindustrialización del país.


15.- Reducir las exportaciones de tal modo que se aseguren niveles de reservas de petróleo crudo y gas compatibles con la demanda de los próximos años. Las exportaciones deben garantizar los bienes transferidos cuenten con el máximo valor agregado posible. Es más conveniente y correcto exportar electricidad y no gas o diesel para su generación en el extranjero.


16.- Centralizar toda la gestión científica en un solo ente nacional dedicado a la gestión, investigación, y uso racional para todos los tipos de energía que permita un balance energético óptimo que permita fijar las prioridades y el plan de inversiones.


17.- Creación genuina de nuevos puestos de trabajo y que la incorporación de nuevas tecnologías signifique mejorar las condiciones laborales y la reducción de la carga horaria sin merma salarial.


18.- En función del bajo costo y de la gran cantidad de reserva de agua turbinable disponible en el país, promover el estudio y la construcción de centrales hidroeléctricas, apoyado en estudios rigurosos para minimizar los impactos ecológicos.


19.- Reforzar la investigación y el desarrollo de la energía de origen nuclear, enfatizando las prevenciones acerca de los residuos nucleares y su tratamiento que aseguren los derechos de las nuevas generaciones.


20.- Crear un ente regional en el Mercosur que sea responsable de establecer la coordinación del balance energético regional, las prioridades del sector, el desarrollo de nuevas fuentes y las previsiones de consumo de los próximos años.