El caso argentino y la revisión de los contratos de servicios públicos

Por Cr. Gustavo A. Calleja

El sistema argentino neoliberal derivado de la Ley 24.965 y vigente desde 1992/3 muestra varios signos de su fracaso, a saber:
1) Desinversión:
Ninguna represa hidroeléctrica nueva se ha iniciado, mientras que el aumento de la generación se hace en base al consumo de combustibles fósiles, especialmente gas natural, que es contaminante (en menor medida que el petróleo), no renovable y para los argentinos escaso, en tanto y en cuanto hace a sus reservas como al aumento constante de la cantidad de habitantes que no tienen acceso al gas natural; y como la generación es una actividad de "interés público", los generadores no tienen ninguna obligación de invertir e incluso, se pueden retirar del negocio cuando lo deseen.
Además, a causa de los recientes reclamos de las generadoras en pos del aumento de sus tarifas, nos hemos enterado que la provisión de gas natural es altamente deficitaria durante todo el año, con lo cual podemos decir que ha muerto el "cuento" referido a que desde la privatización de Gas del Estado se había solucionado la falta invernal de gas. Recordemos que la carencia invernal en la provisión de gas natural fue disimulada mediante el artilugio tarifario de crear la categoría de "servicio interrumpible", a la que se la tarifaba con una apreciable diferencia en menos que la "no interrumpible".
Faltan líneas de alta tensión de la red nacional en todos los sectores del país, a pesar de ser el transporte un sector considerado servicio público. Ello se debe a que la Ley, que los obliga a prestar un buen servicio, no les marca la obligación de concretar determinadas inversiones, con lo cual la primera obligación -prestar un buen servicio- se desvirtúa totalmente; por ejemplo, la demora en construir la quinta línea que parte del Comahue provoca una insuficiente capacidad de transporte de la energía más barata que se produce y, al tener que ser reemplazada por térmica, la diferencia de costo se carga a la tarifas. Además, los contratos no se ajustan a las disposiciones de la Ley recién mencionada, pues los eximen de concretar las inversiones necesarias; es decir, podríamos sostener que prestan un servicio en calidad de contratistas o administradores de las líneas ya existentes.
En el sector de distribución, la única inversión importante realizada -la subestación Azopardo de Edesur- se quemó el día de su inauguración.
En síntesis, podemos afirmar que el sistema privatizado ha vivido de las inversiones de infraestructura que le dejó el sistema estatal. Es más, haciendo un gran esfuerzo de buena voluntad y dando por válidas las afirmaciones de las empresas privadas, durante los últimos diez años han invertido 12.000 millones de dólares, es decir 1.200 anuales; en los cinco años y medio del gobierno de Alfonsín, es decir los últimos del sistema regulado o estatal, a través de las empresas públicas, los Fondos Energéticos y partidas del presupuesto nacional, la inversión total fue de 15.000 millones de dólares, lo que significa, aproximadamente, 3.000 mil dólares al año, es decir, el triple. Los planes de inversión aplicados habían sido preparados en las empresas estatales y se encontraban a la espera de su puesta en marcha, tal como sucedió en 1945 con el gas natural y en 1963 con el plan hidroeléctrico; esta faceta planificadora de las empresas públicas es premeditadamente ignorada porque marca una diferencia substancial con el modelo neoliberal, que solamente planifica las ganancias empresarias. Tal nivel de inversión no se compadece con los cortes de generalizados cortes de energía de 1988 y 1989, ocasionados en los recortes presupuestarios que el equipo neoliberal de Sourrouille sometió a SEGBA en sus partidas destinadas a mantenimiento; esto demuestra la importancia de las decisiones que afectan al sector energético, que nunca deben ser adoptadas con criterios de caja, a los que son muy proclives los secretarios de Hacienda. Tengamos presente que hasta 1989 teníamos en vigencia un sistema similar al francés, nacido en 1945, integrado vertical y horizontalmente, regulado íntegramente por el Estado Nacional a través de la acción de la sec retaría de Energía que cumplía las funciones de un holding, con relación a sus empresas Agua y Energía Eléctrica, SEGBA e Hidronor.
Si bien el actual gobierno nacional ha descartado de plano la reestructuración del sector y se ha inclinado por "emprolijar" el actual modelo -con lo cual las falencias seguirán- la actual Comisión Renegociadora de Contratos deberá determinar claramente qué se entiende por gastos de mantenimiento, mejoras capitalizables y nuevas inversiones.
2) Incrementos tarifarios de significación:
Estos aumentos tratan de disfrazarse diciendo que desde 1992 el precio de la electricidad ha bajado sensiblemente; lo que no hacen ni dicen, es que esas bajas se produjeron luego de los aumentos espectaculares que se iniciaron en julio de 1989, medidos a valores constantes. Esta conducta fue un común denominador en todas las privatizaciones. Recientemente, los defensores del Modelo -empresas y consultores vinculados a ellas- promueven la segmentación de las tarifas, como una forma de evitar aumentarlas a los usuarios cautivos de menores ingresos y cargarlas compensativamente a los otros consumidores; justamente, esa segmentación que beneficiaba a los usuarios de menores consumos, fue lo primero que suprimieron en 1992, pues estaba inserta en los cuadros tarifarios de las empresas estatales. Asimismo, entre los años 1993 y 1995, también fueron suprimidas las tarifas especiales que desde 1988 beneficiaban a jubilados y pensionados en gas y electricidad.
La acentuada dispersión tarifaria vigente, originada por la desaparición de la política rectora a nivel nacional que implementaba la Secretaría de Energía, implicó el abandono de criterios relacionados con el desarrollo socioeconómico regional.
3) Calidad del Servicio:
Es común escuchar de los defensores del actual modelo que ha disminuido sensiblemente la cantidad de cortes, estando esta afirmación referida al área metropolitana. En principio, cabe expresar que anteriormente todos los cortes se publicitaban, tanto los imprevistos -que eran muchísimos menos y significativamente más cortos- como los programados. No existieron en la era estatal interrupciones imprevistas y tan prolongadas como las de Edesur de 1999 y las originadas en las nunca aclaradas caídas de las torres de las líneas troncales del Comahue. Premeditadamente se oculta que los cortes del final de la era energética estatal obedecieron a causas imputables, tales como la falta de mantenimiento adecuado de las centrales térmicas metropolitanas, pero también a imponderables como la baja del Río Uruguay que afectó a Salto Grande o la reparación inevitable de El Chocón o la salida no programada de las nucleares. Los actuales y permanentes cortes sectoriales en el área metropolitana son innumerables y nunca fueron solucionados, pero lamentablemente no trascienden en la prensa nacional; tal es el caso de La Plata y sus alrededores.
4) Costosa descoordinación técnico operativa:
Los argentinos estamos esperando que alguien nos explique, por ejemplo, cuales son los motivos por los cuales se descuartizó a SEGBA en cinco generadoras y tres distribuidoras; las apelaciones a la competencia comparativa son ridículas y risibles, pues la única forma que un usuario cautivo -mal llamado cliente- puede, por ejemplo, ejercer su derecho de optar, cambiándose de Edenor a Edesur, es mudándose. Ya señalamos que esta separación no obedece a razones técnicas sino de negocios entre los grupos que se beneficiaron con las privatizaciones; sus costos, tanto los de descoordinación operativa como los administrativos los terminamos pagando el usuario en la calidad del servicio y en las tarifas. Ejemplificando en el área metropolitana, nos podemos preguntar: ¿cómo es posible que el extenso apagón de Edesur de febrero de 1999 los vecinos de la Avenida Córdoba sitos en la vereda de los pares tuvieran luz y los de enfrente no? ¿Por qué debemos pagar en las tarifas los altos costos de tres presidentes, tres directorios, tres comisiones revisoras de cuentas, tres planteles gerenciales, etc? El tema internacional, mejor dicho el colapso del modelo eléctrico del Banco Mundial, nos recuerda los cada vez más recientes apagones imprevistos que nos afectan y nos conduce nuevamente a la revisión de los contratos, pues ante un esquema estructural irracionalmente disparatado y costoso, por más que se mejoren los convenios vigentes y se controlen seriamente a las empresas actuantes, seguiremos teniendo problemas, tanto presentes como futuros.Profundizar la revisión y tocar todos los temas estructurales concernientes a los sistemas gasífero y eléctrico, constituye una imperiosa necesidad. Tampoco puede olvidar el Gobierno que cualquier revisión de los contratos de servicios públicos quedará incompleta si no se toca el sector petrolero, cuyos contratos han sido excluidos de la revisión a pesar de ser los más importantes e irregulares. Si no se vuelve a considerar a los hidrocarburos como un bien estratégico e imprescindible para el desarrollo económico y social de los argentinos y se regulan, cuanto menos sus precios, los problemas de las tarifas públicas de luz y gas seguirán vigentes eternamente, pues en la base de la sumatoria de sus costos se encuentran los precios en boca de pozo del petróleo y el gas